Tras más de tres horas de reunión, el Consejo Nacional de Migración acordó elaborar, en un plazo de no más de 60 días, el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros.

Asimismo en la sección se otorgó un plazo de 30 días a la Junta Central Electoral para que rinda un informe en el cual exprese el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a los extranjeros inscriptos en el sistema registral tanto en su condición de regulares como irregulares.

También se decidió proceder en lo inmediato a la conformación del Instituto Nacional de Migración y a la designación de su director ejecutivo.

Estas tres medidas fueron las que se tomaron en la reunión que encabezó el presidente Danilo Medina en la casa de gobierno.

En una declaración oficial leída por Roberto Rodríguez Marchena, el Gobierno reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución y a las leyes, así como a la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales.

“El consecuencia, el gobierno acata la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y actúa en todo momento sobre este caso respetando la institucionalidad, paralelamente el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia”, expresa la declaración oficial.